Desahucios por vía rápida. Narcopisos por vía lenta

Entre estas dos noticias sólo hay 10 días de diferencia. En una se cuenta el desahucio sin contemplaciones de una familia con niños, nada conflictiva, en la misma calle donde costó 6 años poder echar a unos narcotraficantes. En la otra noticia se cuenta como un juez deja absuelto un narcotraficante porque la policía entró en el narcopiso unas horas antes de conseguir la orden judicial.

Desahucio en la calle Príncep de Viana

Desde 2018 varias entidades del barrio hace tiempo que pedimos modificaciones en los procedimientos judiciales en caso de narcopisos sin que nadie nos haga caso. Entendemos la importancia de garantizar la inviolabilidad de un hogar y que la policía no pueda entrar sin una orden judicial. Los cambios que pedimos no modifican nada de eso.

Sin embargo, en el mismo año 2018, durante el gobierno del PP, las inmobiliarias y cámaras de la propiedad lograron un cambio en la ley para permitir lo que ellos llamaron «desahucios express». Al mismo tiempo, las asociaciones empresariales vinculadas al turismo, preocupadas por todo aquello que pueda asustar su clientela, consiguieron generar un amplio debate sobre como los jueces aplican la reincidencia de delitos leves.

En cambio, ningún partido se hace eco de estas propuestas:

  • Que la denuncia colectiva de vecinos y vecinas sea suficiente para que los jueces y la policía actúen contra los narcotraficantes. No puede ser que haya “desahucios rápidos” para familias que no pueden pagar su alquiler, mientras que los narcotraficantes se eternizan en esos mismos pisos vaciados.
  • Que se pueda sancionar a los propietarios de viviendas y locales donde se produzca una actividad delictiva como el narcotráfico y no actúen. Estamos hartos de que los bancos y fondos de inversión no denuncien ni colaboren en muchísimos de estos casos.
  • Que se cree un fiscal especializado en este tema o un fiscal de barrio
  • Que se cree una mesa de trabajo para alcanzar objetivos concretos y compuesta por representes de la Generalitat y Ayuntamiento, colectivos, asociaciones y plataformas.

En el Raval tenemos multitud de ejemplos de viviendas en que sus propietarios no han hecho nada durante años contra los narcotraficantes, sabiendo que son los únicos «autorizados» para denunciar y se han dado toda la prisa posible en echar de su casa a arrendatarios que han tenido problemas para pagar los precios actuales.

Para nosotros, ese comportamiento es de complicidad con los delincuentes para conseguir vaciar el barrio hasta que lleguen tiempos en que puedan vender a precios aun más desorbitados. Estamos en el centro de la ciudad, en un entorno histórico y a dos pasos de la playa. La estrategia es más que evidente.

Los desahucios dejan viviendas vacías que son rápidamente utilizadas por narcotraficantes y, hasta ahora, la mejor garantía para evitarlo es que esas viviendas sean usadas por personas que no ejerzan actividades delictivas y que sean aceptadas por la vecindad.

Si el mercado de la vivienda no garantiza el uso residencial normal de esos pisos, la ocupación con consentimiento vecinal seguirá siendo la mejor solución. Como dice la consigna, no se puede permitir que siga habiendo «Casas sin gente mientras hay tanta gente sin casa».